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Bolivia carece de ley para proteger su biodiversidad

Bolivia es un país megadiverso. Siete pisos bioclimáticos, 260 humedales, seis salares, 57.000 kilómetros de ríos... para no detallar las 20.000 especias de plantas nativas, más de 3.000 especies de mariposas... pero aún no tiene una ley para proteger sus recursos genéticos o, lo que es casi lo mismo, su biodiversidad.

“Una ley protegería el uso y el acceso a recursos genéticos, y evitaría que sean patentados o apropiados”, comenta Miguel Ángel Crespo, director de Probioma, Biosfera y Medio Ambiente (Probioma). El caso de la quinua, que se intentó patentar en otro país, es un ejemplo frecuente entre la gente dedicada a la conservación. Menos conocidas son las denuncias por biopiratería que surgieron durante la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil. “Una ley le permitirá al país evitar que los recursos puedan ser apropiados por entidades privadas. Hay un antecedente público como la quinua, pero lo que no sabemos es que, al desarrollar investigaciones en flora y fauna, se está patentando en forma ilegal. El país estaría impedido de desarrollar, a partir de sus conocimientos locales, productos y derivados para la industria farmacéutica o alimentaria”, advierte Crespo.

Eso no significa que no existan documentos sobre el tema ni iniciativas para un aprovechamiento sostenible. En 2001 se publicó Estrategia nacional de biodiversidad y ahí se la definía: “Es la variabilidad y cantidad de organismos vivos y existentes en el planeta o en un lugar determinado, a nivel de genes, especies y ecosistemas”. Con una variabilidad tan grande, el interés por acceder a ella es también inmenso.

Entre los escasos instrumentos legales que protegen el patrimonio genético boliviano está el Decreto 24676. Nació como un reglamento de la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el de Bioseguridad. En él se mencionan algunos convenios y tratados internacionales que fueron suscritos por Bolivia, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, firmado en junio de 1992 en Brasil, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Se lo identifica como el primer tratado sobre medio ambiente con un fuerte componente social. Las líneas maestras del aprovechamiento de los recursos genéticos están trazadas en ese tratado, que nuestro país refrendó en 1994 con la Ley 1580: “Se reconoce el valor y aporte de los conocimientos tradicionales, la necesidad de distribuir equitativamente los beneficios derivados del uso de los recursos biológicos y derecho soberano de los Estados para manejar sus recursos”.

El decreto alcanza no sólo a los recursos de los cuales Bolivia es país de origen, sino que se amplía a las especies migratorias que por causas naturales se encuentren en el territorio nacional. Establece un procedimiento para elaborar contratos que permitan aprovechar los recursos, y se detiene en la cancelación de regalías por el aprovechamiento comercial, la transferencia de tecnologías y conocimientos utilizados en la investigación por parte de quien accede al recurso.

Silvia Ovando es abogada y coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), institución que estuvo a cargo de un programa de biocomercio del Estado boliviano. Si bien la Constitución, según explica Ovando, protege los recursos naturales, además de la Ley 1580 ya mencionada, es poco lo que hay para proteger los recursos genéticos a los que se les puede aplicar el régimen de propiedad intelectual.

Una de las causas para no aprovechar y conservar (actividades que pueden funcionar juntas) es la existencia de vacíos normativos, explica Richard Vaca, responsable del departamento de Biocomercio de FAN. No oculta que hay susceptibilidad en el tema, pero asegura que no hay que tenerle miedo, porque la actividad legal es una forma de cortar espacios a la venta y el tráfico ilegales, que no dejan beneficios para el país.

“La normativa que tenemos vigente no es suficiente para proteger los recursos genéticos y la biodiversidad. Estamos trabajando en la construcción de una ley de biodiversidad. Incluso tenemos un borrador para el Decreto Supremo 24676, que regula la decisión 391, porque es muy general”, afirma Aldo Claure, jefe de Unidad de Biodiversidad y Recursos Genéticos. Los ajustes a ese decreto están destinados a facilitar a los investigadores el acceso a los materiales genéticos, porque tienen el mismo tratamiento que los que solicitan su uso para fines comerciales.

“Nuestra idea es que el acceso para investigación no sea tan complicado, que no pase por el mismo filtro que una solicitud con fines comerciales. Tenemos un contrato de acceso firmado en 2004 con una institución suiza llamada Migros”, cuenta el funcionario.

La propuesta apunta a facilitar el trabajo de investigadores bolivianos, puesto que la investigación -afirma- no implica generación de recursos con fines comerciales.

También hay trabas operativas. El mencionado decreto estipula la conformación de un Cuerpo de Asesoramiento Técnico (CAT), que debe estar integrado por personas con reconocida trayectoria científica. Se involucra en esta instancia a las secretarías de Recursos Naturales, a la de Agricultura y Ganadería, a la de Industria y Comercio, a la de Asuntos Étnicos y a un representante del Sistema Universitario. Lógicamente, es difícil que las agendas de estos representantes coincidan, lo que añade lentitud a los procesos. La propuesta consiste en que las solicitudes de acceso sean evaluadas por los técnicos de la Dirección General de Biodiversidad para evitar los cruces de agenda, que han convertido al CAT en una instancia prácticamente inexistente.

Sin embargo, por ahora, están obligados a convocar a las personas designadas para el CAT. Las solicitudes para investigación no pasan de 20 y todas buscan obtener un grado académico. No hay, asegura Claure, ninguna solicitud de laboratorios extranjeros para iniciar alguna investigación.

Sin embargo, algunas instituciones nacionales se han acercado a pedir autorización para el traslado de muestras a otros países. La intención es realizar análisis moleculares, pero un acuerdo de confidencialidad impide al funcionario revelar los nombres de las instituciones y los productos que serán analizados.

Según Ivana Lira, coordinadora nacional del Programa de Incidencia Política y Legislativa del Viceministerio de Biodiversidad, hay anteproyectos para una futura ley que no han sido aprobados. “Con la nueva coyuntura se va a trabajar un nuevo anteproyecto para presentarlo. El tema de bancos de germoplasma, por ejemplo, es un emprendimiento privado. No tiene ninguna norma que pueda fiscalizar o controlar la calidad en este momento. El Ministerio de Medio Ambiente debería hacerlo”, comenta la abogada. Es notorio que en algunos ambientes oficiales hay cierta desconfianza, pero tampoco hay cuestionamientos claros a esta necesaria actividad llevada adelante por varias ONG.

No ocurre lo mismo en el área forestal -aclara Vaca-, que tiene una ley que aclara toda la actividad: informes, planes de manejo y proyectos. A partir de la mencionada ley, Bolivia se ha convertido en un país con cierto renombre en los mercados internacionales de la madera.

Para citar un ejemplo, está el caso de Migros, una empresa suiza. Durante varios años esperó la aprobación de un proyecto para aprovechar la papa de la variedad "imilla" que se siembra en nuestro país. Actualmente, la papa imilla se siembra también en Suiza gracias a los convenios con el Gobierno, en los que FAN ha actuado como ente técnico.

Migros, explican los funcionarios de FAN, está interesada en cumplir con las exigencias internacionales no sólo de calidad, sino de responsabilidad social. Por eso se enmarca en los estipulados del comercio justo y en la retribución a las comunidades de donde es originario el producto. Ahí, precisamente, radica el problema. No hay normas claras que indiquen si se deben pagar regalías o un porcentaje sobre precios de exportación, venta neta o cualquier otro parámetro de fijación de montos.

Para complicar más el panorama, en el caso de la papa imilla, uno de los pocos a escala nacional que tiene grandes alcances, está la definición de las comunidades que deben beneficiarse con las regalías generadas por la actividad comercial. “Esa variedad se siembra en los valles”, explica Silvia Ovando. Migros tiene interés en las orquídeas, para las cuales hay un mercado esperando, pero la duración de los trámites tiende a desincentivar el desarrollo de proyectos, según FAN.

Marco Octavio Rivera, biólogo y experto en temas relacionados con la diversidad, se desempeña como coordinador nacional de Investigación y Monitoreo de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, que aglutina a 26 instituciones de todo el país. Conoce hasta diez versiones de la Ley de Biodiversidad que se han elaborado desde 1993. “Hubo muchas versiones, una de ellas fue incluso revisada por movimientos sociales, que fue dejada en el olvido. En realidad, trató de ser impulsada cuando los escenarios políticos estaban confrontados, como ahora sucede”, cuenta.

Aspectos delicados como la superposición con tierras comunitarias de origen, propiedades agrarias, concesiones forestales e hidrocarburíferas generaron incertidumbre en el Poder Ejecutivo y en las comisiones del Congreso. Eso generó falta de voluntad política y la consiguiente postergación. El experto señala, además, la necesidad de trabajar en una ley de áreas protegidas que, increíblemente, tampoco existe en Bolivia. “El sistema de áreas protegidas trabaja con un decreto supremo que está amparado en la Ley de Medio Ambiente de 1992, que ha perdido actualidad. El tema de la conservación de ecosistemas dentro de áreas protegidas tiene una pata coja”.

El análisis de Rivera muestra más falencias. El reglamento de vida silvestre, que contempla las especies amenazadas, no tiene el amparo de una ley. Los decretos no tienen fortaleza frente a normativas sectoriales que tienen preeminencia como la Ley de Minería, la Ley de Hidrocarburos o la Ley Forestal. En resumen, la gestión ambiental en el país está en desventaja con respecto a esas normas sectoriales poderosas. El Decreto 24676 sirve para regular aspectos básicos, como investigaciones científicas y manejo de proyectos, que en opinión de los expertos no son el elemento central de la conservación.

El decreto más reciente sobre el tema fue promulgado a mediados de 2006. Regula la producción forestal no maderable ecológica y declara de interés público todo lo relacionado con la producción libre de pesticidas. Crea el Consejo Nacional de Producción Ecológica, en el que intervienen representantes del sector privado y público, como la Cámara Nacional de Exportadores, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, universidades y varios ministerios. Todas las prefecturas y los municipios deben crear comités de producción que funcionarán sujetos a un reglamento. Sin embargo, la ley de biodiversidad se hace esperar. Pese a todo, Bolivia ha alcanzado el cuarto lugar a nivel mundial en producción ecológica.

Fuente:  Javier Méndez Vedia – Revista OH




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